Los delitos en México han venido incrementándose en los últimos 15 años, ante la inexistencia de una visión integral que dé énfasis en la prevención, señala un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC).
Además de la carencia de visión integral, hay otros factores que han desencadenado el crecimiento explosivo de los delitos, como la falta de profesionalización de las policías y los agentes de impartición de justicia.
Además, abona al crecimiento del delit, el hecho de que los procesos penales no son transparentes, sino discrecionales y corruptos.
Sin embargo, quizá el factor principal del aumento de los delitos es la impunidad. En México, sólo el 1.7% de los que cometen delitos son llevados ante un juez y el 98.3% quedan impunes.
Entre los factores que nos han llevado a ese grado de impunidad, el análisis menciona a la “pirotecnia legislativa” que genera o modifica leyes sin darse cuenta de que únicamente lleva a caer en la ley del menor esfuerzo: es mucho más fácil cambiar las leyes que decidirse a emprender una reforma de fondo que comenzaría con una depuración de las diversas policías.
El aumento de las penalidades por los diversos delitos se ha visto correspondido por una menor capacidad de captura de los delincuentes y el consecuente incremento de la impunidad. La desconfianza que despiertan y el descrédito social de las policías y de los organismos de impartición de justicia hacen que muchos ciudadanos prefieran no denunciar los delitos de los que han sido víctimas.
Por otra parte, el estudio aborda el tema de los presos que saturan las cárceles mexicanas. En la actualidad, 225 mil personas mantienen sobreocupadas la mayor parte de las cárceles de México y representan un costo de 29 millones de pesos diarios para el erario público.
Sin embargo, por lo general, las personas que están en las cárceles son delincuentes menores que el mismo día en que reciben su sentencia son dejados en libertad, pues la pena que merecen por los delitos cometidos la han purgado ya con los meses o años de su detención, con el agravante de que durante ese tiempo han convivido de cerca con delincuentes altamente profesionales (ladrones, asaltantes, secuestradores, narcotraficantes) que en muchas ocasiones los reclutan para escalar en los niveles de la delincuencia. Aun en el caso de que esas personas hubieran decidido reformarse, el hecho de haber sido encarceladas, les cancela toda posibilidad de encontrar un trabajo digno con el que sostenerse y sostener a su familia.
Las cárceles, sólo para los pobres
Los sistemas penitenciarios mexicanos son para personas pobres que no tienen para cubrir unos buenos medios de defensa. En cambio, quienes han cometido delitos graves con mucha frecuencia esperan su sentencia en libertad ya que pueden pagar despachos de abogados altamente especializados en cuestiones penales, lo que les da una alta probabilidad de quedar en libertad definitiva.
En ocasiones se da el caso de que los Ministerios Públicos consignen a personas que cometieron delitos menores como responsables de delitos mayores con la finalidad de justificar su trabajo y cubrir sus cuotas de consignaciones. Pueden pasar en cautiverio lo que dure su proceso, pero al recibir la sentencia quedarán libres, aunque ya capacitados y adiestrados para emprender delitos de alta escuela.
Un riesgo tener al Ejército en la primera línea
La incapacidad de los cuerpos de policía a nivel federal, estatal y municipal ha obligado a que el Estado Mexicano recurra al Ejército, lo cual a consideración de los investigadores que realizaron el estudio es una estrategia riesgosa ya que el último de los recursos con que cuenta una sociedad para garantizar su seguridad es el que se ha puesto en la primera línea y después de los militares ya no queda nada.
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