En su primera plana de ayer, La Razón preguntaba: “¿Funcionará el secretario de Gobernación sin respaldo del partido gobernante? ¿Qué compromisos podrá asumir, sin ese respaldo?”.

Más allá de la causa de la renuncia de Fernando Gómez Mont al PAN —sus desacuerdos con la dirigencia nacional a propósito de las alianzas—, la interrogante central es ésa: ¿qué sigue? Y lo más probable es que el incidente terminará haciéndolo disfuncional para el gobierno. Las razones son varias.

La primera es que suena bastante extraño que en el contexto de la negociación presupuestal Gómez Mont haya presuntamente pactado impedir las alianzas a cambio de que saliera el paquete fiscal.

Por un lado, si, como según parece, algunos gobernadores del PRI impusieron esa condición, exhibieron un temor tal que lo único que hizo fue incentivar, más todavía, al PAN y de paso al PRD para ir juntos en algunas elecciones locales de este año. Pero, por otro, es un poco alucinante que el responsable de la política interior haya realizado una negociación en nombre del gobierno al que sirve —y por extensión del partido gobernante— y, meses después, dimita al partido, pues revela una contradicción acerca de si actuó con el respaldo de su gobierno y contra la opinión de su partido o, peor aún, por cuenta propia. En suma, el mundo al revés.

La segunda es que esta dimisión —al partido por lo pronto, no al gabinete— exhibe las confusiones en el PAN respecto de la relación partido-gobierno. Lo que una lógica razonable indica es que los partidos que compiten y ganan forman gobiernos y, por ende, gobiernan. Pero desde el 2000 al PAN le ha costado una tremenda dificultad entender esto, entre otras cosas porque su larga estadía en la oposición hizo del partido una comunidad cerrada, casi una familia, que no se atreve a moverse en el complicado y salvaje mundo de la política real por el miedo a, como en su día dijo Calderón, “ganar el poder, pero perder el partido”.

Ese rasgo cultural, al que Gómez Mont y muchos apellidos no son ajenos, ha generado conflictos a veces inmanejables para una formación que ya no es oposición sino gobierno. Y la regla es que el poder que no se ejerce se disuelve.

Y el tercer problema es que quizá el ahora ex panista ya no es funcional. Pongámoslo de la siguiente forma: un secretario de Gobernación no es un juez ni está situado por encima de los factores de poder, sino que es parte principal de uno de ellos, tiene un compromiso político y de lealtad con el gobierno del que forma parte y el presidente que lo designó, y una necesidad de establecer una relación coherente con el partido en que milita y de credibilidad con los demás. El denominador común en esta red es la confianza y si este lazo está roto —con el PAN porque renunció o con el PRI porque no pudo cumplirle— más temprano que tarde Calderón deberá buscar su reemplazo.

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