Aguascalientes, Ags.- Tras los comicios que tuvieron lugar el pasado 5 de junio, y que llevaron a la renovación de 12 gobiernos estatales, 12 congresos locales y 967 presidencias municipales, la empresa calificadora de valores Standard & Poor´s realizó un análisis al que tituló “Nuevo panorama y retos estructurales de gobiernos estatales en México”.
Aguascalientes es una de las 12 entidades del país donde se votó para gobernador, diputados locales y presidentes municipales.
A consideración de S&P, entre los retos que deberán afrontar en 2017 todas las entidades del país, entre ellas Aguascalientes, destacan:
Disciplina Financiera
En el primer día del año 2017, apenas un mes después de que el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal rinda protesta como gobernador de Aguascalientes, entrará en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios aprobada en abril de 2016.
Esta ley establece que, en materia presupuestal, los estados deberán presentar un plan financiero para el siguiente año (Ley de ingresos y Presupuesto de egresos) y sus proyecciones financieras para los próximos cinco años, además de un balance presupuestario sostenible (que el ingreso sea igual o mayor al gasto, sin contar amortizaciones de la deuda). Incluye, por ejemplo, importantes restricciones al crecimiento del gasto en servicios personales.
La calificadora considera que si bien una política de mantener presupuestos balanceados tiene el potencial de mejorar la calidad crediticia de los estados, la mayoría de éstos todavía carecen de prácticas formales de planeación financiera. S&P estima que ello representa un reto mayor para los estados en transición política, considerando el poco tiempo de preparación que tendrán los nuevos gobiernos para cumplir cabalmente con los requisitos de la nueva ley en 2017.
Menos recursos federales en los próximos dos años
S&P asume que dadas las condiciones de la economía internacional y los bajos precios del petróleo, se verán afectados en los próximos dos años las transferencias etiquetadas del gobierno federal a los estados.
“En nuestra opinión, esto representará un obstáculo importante para los planes de gobierno y las obras prioritarias de todos los estados… Aunque, por otro lado, podría crear incentivos para que los estados implementen una política de recaudación local más activa, así como una mejor planeación del gasto en el corto a mediano plazo”.
Percepción de corrupción e inseguridad
En el análisis de S&P también se lee: “Un fortalecimiento real en la legislación y en las prácticas anticorrupción podría llevarnos a mejorar nuestras evaluaciones sobre la calidad de las administraciones financieras de los estados y municipios mexicanos”.
Por último, en el tema de seguridad, expresa que los estados y el gobierno federal siguen con el desafío de dar solución a la creciente percepción de inseguridad. "En 2015, la percepción de inseguridad promedio de la población entre los estados mexicanos se ubicó en torno a 68%, contra el 61% de 2010. La conformación de mandos policiacos mixtos, la profesionalización y depuración de las policías estatales y municipales, y la implementación del nuevo sistema de justicia penal continuarán siendo temas relevantes de política pública, así como una carga importante para los presupuestos estatales en los siguientes dos años".
