Aguascalientes, Ags.- Por razones básicamente electorales y de percepción social y mediática, la innovación en materia de gestión municipal del agua ha caído en un estancamiento que es grave tratándose de un asunto de responsabilidad colectiva y de seguridad nacional.
Digamos que existen tres modelos de prestación del servicio. Uno es el de los organismos públicos operadores (la gran mayoría del país); otro cuando éstos contratan obras, servicios o su administración a empresas particulares (el DF o recientemente SLP bajo una variante que se llama “mejoramiento integral de la gestión”) y el tercero es la concesión completa, como en los casos de Aguascalientes, Cancún o Saltillo. Estos últimos han sido cuestionados porque, se dice, genera utilidades excesivas a los concesionarios, incumplimiento de los compromisos previstos en el título de concesión o aumentos desmedidos de las tarifas que paga el usuario final.
Me parece, sin embargo, que ésos no son los términos de la discusión ni menos los de la elaboración de una política pública. El punto central es cómo darle sustentabilidad a largo plazo a un recurso escaso y esto pasa obligadamente por darle valor y modificar, por la vía de las tarifas, los patrones de consumo y de distribución del líquido.
Véanse los números. Según el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 en los últimos 56 años el país redujo su disponibilidad anual de agua por habitante de 18 mil metros cúbicos a tan sólo 4 mil 416, lo que significa que en el año 2025 estaremos por debajo de los 3 mil 500, es decir, un nivel insuficiente de acuerdo con estándares internacionales. Segundo: hay un tremendo desequilibrio entre crecimiento urbano, económico y demográfico y disponibilidad de agua; en las regiones que generan 87% del PIB y vive el 77% de la población apenas se dispone del 31% de las reservas de agua. Y, por último, el sector agropecuario, que aporta un 6% del PIB, se lleva alrededor del 75% del agua disponible.
Esta situación es sencillamente insostenible. Se afirma que el uso adecuado del agua es una cuestión cultural y que una pedagogía efectiva hace que los consumidores valoren la escasez del recurso y, por ende, reduzcan su aprovechamiento. La tesis es sin embargo incorrecta porque el mercado no funciona así.
La reducción del consumo del agua y, por consecuencia, de la extracción, el derroche y el desperdicio, depende, entre otros, de que el agua suministrada a los usuarios tenga precios reales, que cambie la desproporcionada distribución actual del recurso entre sectores, que aumenten considerablemente los sistemas de tratamiento y reutilización, que se haga la infraestructura necesaria para garantizar el abasto a largo plazo y que los organismos operadores, públicos o privados, alcancen eficiencias tales que, en un determinado horizonte de tiempo, los aumentos tarifarios sean más lineales.
Lo único que no se puede negar es que el agua vale y, por tanto, hay que pagar por ella.
