Aguascalientes, Ags.- Las consecuencias para los gigantes que actualmente controlan las telecomunicaciones, debidas a los cambios introducidos en la iniciativa de reforma constitucional, son evidentes: las firmas del grupo perteneciente a Carlos Slim tienen el 85 por ciento de la telefonía fija y el 68 por ciento de la móvil, situación que no podría prevalecer.
Televisa tiene el 70 por ciento de las concesiones y de la publicidad así como el 80 por ciento de los contenidos en la televisión, por lo que deberá reducir probablemente su participación a no más del cincuenta por ciento. Eso podría llegar a implicar hasta la desincorporación de parte de sus activos y además, el impedimento de que continúen creciendo beneficiándose de prácticas monopólicas, para garantizar su dominancia en el mercado.
Poco después de la presentación de la iniciativa de reforma por parte del presidente Peña Nieto, se emitieron opiniones elogiosas de instituciones especializadas, de algunos Medios de comunicación nacionales e internacionales, y también de entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por otro lado, las enormes pérdidas que acusaron en la Bolsa de Valores las grandes empresas de televisión, telefonía y telecomunicaciones reflejaron las afectaciones reales y los cambios percibidos en el mercado por las nuevas normas en la materia, situación que fue confirmada por las opiniones de las calificadoras como Moody’s, y operadoras como Invex o Accival, que explicaron cómo los participantes en el mercado “descontaron” los probables efectos en los resultados financieros de las grandes empresas que, hasta ahora, habían librado la obligación de atenerse a las reglas de una competencia sana.
Sin embargo, se difundió el beneplácito de los gigantes nacionales, fenómeno que fue explicado por algunos observadores como una consecuencia de la defenestración de la maestra Gordillo que no entendió que las reformas iban en serio, error en el que ellos no querían caer.
Muchas personas e instituciones, incluyendo a algunos observadores internacionales han previsto consecuencias positivas para la modernización de México en esta materia porque nos acercarán a las condiciones de regulación, tanto de los aspectos técnicos como de los mercados de las telecomunicaciones, que rigen en los países desarrollados.
Con la reforma constitucional se abriría la puerta a la necesaria legislación secundaria que permita poner en práctica las nuevas políticas.
Por esta vía sería tangible que se habría logrado un paso adicional en el cumplimiento de los acuerdos firmados en el Pacto por México que, desde su primer capítulo, bajo el rubro de “Visión”, indica que: “la tarea del Estado y sus instituciones… debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, a los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”… para contrarrestar “la creciente influencia de poderes fácticos (que) frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano”.
Concretamente, la reforma constitucional pretende instrumentar los cambios que se derivan del Apartado 2 del Pacto que incluye “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad” y que:
En su inciso 2.1 habla de “extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos, fortalecer a la Comisión Federal de Competencia, y crear tribunales especializados en competencia económica y telecomunicaciones…”.
En el inciso 2.2 prevé “garantizar un acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial, con el derecho al acceso a la banda ancha, el desarrollo de una robusta red troncal de telecomunicaciones, competencia en radio y televisión, y en telefonía y servicio de datos”.
