Aguascalientes, Ags.- Para que la presidencia de Enrique Peña Nieto sea considerada exitosa, hacia el final de su mandato la economía mexicana deberá estar creciendo a una tasa anual igual o mayor al 6%, el producto per cápita nominal tendría que pasar de los 10 mil dólares actuales a por lo menos unos 15 mil dólares y tanto el número de personas en situación de pobreza (52 millones) como la brecha de desigualdad (26 veces entre el decil más alto y el más bajo) tendrían que verse reducidos de manera relevante.

Desde luego que hay otras muy urgentes, pero alcanzar esas metas propiciaría efectos multiplicadores muy positivos sobre el conjunto del país. Por tanto, la prioridad de Peña en este momento sería tratar de iniciar su período con los instrumentos que le permitan organizar sus políticas públicas en torno a esas metas y tener pavimentada la condición sine qua non que es la capacidad para financiarlas. Veamos.

Hay suficiente evidencia que demuestra que todo proceso competitivo de crecimiento económico sostenido se funda en los incrementos en productividad y en los niveles de inversión que hace un país. Lo primero depende de la educación, el desarrollo de talento, innovación, tecnología y mercados laborales y regulatorios eficientes. Lo segundo, de las oportunidades que ese país ofrezca para invertir y la disponibilidad de recursos públicos y privados.

De todo ello el instrumento más rápido puede ser, en consecuencia, la reforma fiscal que le dé al Estado la capacidad para sostener el resto de las reformas.

La necesidad de una reforma fiscal en México es un tema viejo e indispensable. En 2001, por ejemplo, el Banco Mundial entregó un extenso reporte al gobierno mexicano en el cual recomendaba una reforma integral del sistema tributario a partir de cinco criterios (efecto recaudatorio, eficiencia económica, equidad social, simplicidad administrativa y factibilidad política) e incluyera modificaciones en IVA, ISR, exenciones y regímenes especiales (entonces no había IETU) para lograr un efecto inmediato de 3% de ingresos públicos adicionales como proporción del PIB y, cuatro años más tarde, de entre 5 y 6%.

Por tanto, lo saludable y práctico sería que Calderón y Peña pudieran pactar desde ahora la confección del paquete económico para 2013 (al menos los Criterios Generales de Política Económica y la Ley de Ingresos) a fin de que el nuevo gobierno inicie en enero próximo ya con una reforma fiscal aprobada. Algunos podrían argumentar que, técnicamente, Peña no es presidente electo sino hasta que la autoridad judicial respectiva haga la declaratoria oficial, pero esto no impide intercambiar información y enfoques, y diseñar ya los lineamientos y contenidos fundamentales de la reforma.

Toda reforma de este tipo, si es seria desde luego, produce enormes ventajas y ofrece un margen importante de maniobra. Pero como también supone costos políticos, una transición es el espacio natural para compartirlos entre las administraciones entrante y saliente, así como con el nuevo Congreso. Es la hora de gobernar.