Aguascalientes, Ags.

PAN: los retos después del domingo

El domingo 5 de febrero se realizará la primera (y potencialmente única) ronda de votación para elegir al candidato presidencial del PAN. En caso de que ninguno de los precandidatos lograra obtener el 51% de la votación, o conseguir 35% de la preferencia con, por lo menos, una diferencia de 7% respecto al segundo lugar, se llevaría a cabo una segunda ronda de elecciones el 19 de febrero. De cualquier manera, el fin del dilema del PAN se acerca. Una vez habiendo decidido quién los representará en la contienda por la Presidencia, los panistas tendrán el reto de revertir las descalificaciones derivadas de la elección interna, consolidar la unidad y luchar por convertirse en la segunda opción de voto de aquellos electores que decidan modificar su decisión.

Dado que el tiempo de campaña se ha reducido considerablemente, elegir a un candidato competitivo es de suma importancia para el PAN, más aún cuando los precandidatos únicos llevan ya algunos meses utilizando todos los recursos de sus partidos para promocionar su imagen. Además, la introducción de un nuevo candidato a la contienda presidencial, debido a la ruptura entre el PANAL y el PRI, podría incorporar una complicación más al PAN -y a los otros partidos- para ganar la preferencia de los votantes independientes e indecisos. A este respecto, según la encuesta de Mitofsky del mes de enero Enrique Peña es la segunda mejor opción tanto de perredistas como de panistas, de los cuales 32.3% y 48.8%, respectivamente, votarían por él en caso de cambiar de opinión. Sin embargo, existe un 15.1% de priístas y un 14.1% de perredistas que votarían por Josefina Vázquez Mota como segunda alternativa. De esta manera, en caso de elegir a un mal candidato, el PAN podría terminar en un escenario en el que no sólo no logre atraer a esos votantes que los identifican como segunda opción, sino que podría incluso perder a una parte de los votantes panistas que consideran a Peña como una alternativa.

Es claro que se ha emprendido ya una campaña en contra de Peña, la cual, aunada a los errores cometidos por el puntero, podría disminuir su aprobación y -con un poco éxito- su preferencia electoral. Sin embargo, para lograr dichos objetivos sus contrincantes necesitarán articular una mejor estrategia para capitalizar esa caída en votos. En ese sentido dicha tarea se antoja más complicada con un candidato como Ernesto Cordero, quien no ha sido capaz de cambiar de manera contundente la preferencia de los electores al interior de su partido. La lógica entonces parecería indicar que la mejor elección sería Vázquez Mota, por ser -hasta el momento- la favorita de los integrantes del partido y representar una opción para electores susceptibles de ser persuadidos por el PAN. Sin embargo, en caso de resultar elegida como candidata, Vázquez Mota tendrá poco tiempo para abandonar el bajo perfil, mejorar su desempeño mediático y la contundencia de sus propuestas, todo lo cual ha respondido a su estrategia (hasta ahora exitosa) de cautivar a los panistas. Si bien hasta ahora ha sido suficiente para mantenerse como favorita dentro de su partido, deberá hacer modificaciones en esos ámbitos para competir con personajes como Enrique Peña o López Obrador. Una lección importante para el PAN y futuros contendientes internos es que la dinámica de ganar la nominación interna es muy distinta a la de ganar la constitucional. El domingo se sabrá si la primera fue exitosa como apuntan las encuestas.

México: lavandería criminal

Esta semana el Think tank "Global Financial Integrity" (GFI) publicó un estudio sobre los flujos financieros ilícitos en México. El informe concluye que la fuga ilegal de capital procedente de México en los últimos cuarenta años representa 872,000 millones de dólares. Una suma por demás alarmante cuando se entiende que mucho de estos flujos ilícitos son el producto de corrupción, sobornos o comisiones, actividades criminales y esfuerzos por evadir a las autoridades fiscales nacionales, aunque una porción también es consecuencia de incertidumbre, expropiaciones y otros actos arbitrarios de autoridad.

Coincidentemente, esta semana también, dos funcionarios del estado de Veracruz fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca por transportar 25 millones de pesos en efectivo. A pesar de que los dos funcionarios ya se encuentran en libertad, aún no se ha logrado confirmar la procedencia o destino de los recursos. Con un estudio y dos maletas incautadas como evidencia, la conclusión de esta semana es que en México no existen los mecanismos institucionales mínimos para garantizar la fiscalización de los recursos públicos ni privados. Otra hipótesis es que algunas leyes, comenzando por las electorales en estos tiempos, hacen más por ocultar que por transparentar.

Resulta sorprendente que después de cinco años y medio de lucha frontal contra el crimen organizado no se registren datos sobre una disminución de flujos financieros ilícitos. En cambio, en los últimos diez años, los flujos medios anuales de salida de capital ilícito ascendieron a 49,600 millones de dólares. Es decir, en estos últimos diez años se concentra casi la mitad de la fuga ilícita de capital de las últimas cuatro décadas.

Ante la evidente ausencia de una política criminal que procure la colaboración de autoridades fiscales y penales, lo que se observa son acciones accidentadas que fácilmente pueden interpretarse como una reacción electoral por casos como el de Veracruz o Tamaulipas. Incluso si esa fuese la motivación -reprobable en un régimen democrático como el que intenta ser el mexicano- más grave resulta que las autoridades sólo presentan detenidos, pero muy pocas veces logran probar su culpabilidad.

Las implicaciones de este escándalo financiero trascienden a las víctimas de la corrupción y el crimen organizado. Tal como analiza el GFI, la presencia de índices tan altos de transferencias ilícitas implica un ciclo vicioso para la economía mexicana.

Un país con una economía sumergida es la mejor locación para lavar dinero y, al mismo tiempo, el comercio ilegal es uno de los grandes factores que condenan al estancamiento y declive económico. Para romper esa dinámica se requiere, en principio, una mayor transparencia de las actividades financieras nacionales, internacionales, públicas y privadas. Quizá también requiera leyes y prácticas que reconozcan la naturaleza humana (como muestran los temas electorales) en lugar de intentar suprimirla. Sin embargo, ese objetivo, a su vez, exige una sinergia de voluntades políticas que aún no se observa en México.

Si las autoridades no logran legitimar sus acciones con resultados concretos, los costos en el futuro, en términos de credibilidad y confianza en las instituciones, serán altísimos.

DF: izquierda unida

Tras perder la elección en el estado de Michoacán, el Distrito Federal se convirtió en el último bastión perredista fuera de aquellos que sustenta en coalición. La lección principal del caso michoacano fue el costo de no tener un candidato capaz de fortalecer la unidad de partido y aumentar así la movilización el día de la elección.

Si bien Miguel Ángel Mancera ya integró en su equipo de campaña a ex rivales como Joel Ortega -nuevo Coordinador General de la Campaña-, Laura Vázquez, Martí Batres y Carlos Navarrete para fomentar dicha unidad, otros grupos han señalado sus molestias en torno a la determinación de candidatos a las jefaturas delegacionales. La importancia de limar estas asperezas radica en que, de generar una campaña que cante a una voz a través del candidato Mancera en el DF, se tendría una elección con una ventaja electoral sustancial cuyo objetivo paralelo sería la generación de un efecto cascada de votos sobre el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Según la reciente encuesta de Consulta Mitofsky, aun cuando Beatriz Paredes es más reconocida que Mancera, él presenta una ventaja de 22 puntos sobre la candidata priísta y de 29 sobre la candidata ciudadana del PAN. Al respecto, los números son sustancialmente distintos a aquellos de la encuesta de Demotecnia presentados hace dos semanas donde la diferencia entre Mancera y Paredes era de escasos 3 puntos. Al respecto, el ex procurador capitalino tiene la ventaja de tener un nivel de rechazo menor al de Paredes. Sin embargo, le falta todavía consolidar los fierros de la movilización de la Ciudad, cosa que no tendrá hasta solucionar el problema de las jefaturas delegacionales. En este aspecto, diversos perredistas -particularmente aquellos que integran la Izquierda Democrática Nacional (IDN) liderada por René Bejarano- solicitaron que el método de selección de candidaturas sea a través de encuestas. Todo esto sugiere que esa contienda tampoco tiene un final garantizado.

Aunque paradójicamente fue la IDN la que señaló múltiples quejas en la elección del candidato a la Jefatura del DF, el método de encuestas los favorece pues sustentan la mayor parte de las redes clientelares y popularidad electoral en la ciudad. El problema que podría presentarse está en las negociaciones preestablecidas para la ciudad donde López Obrador habría negociado la candidatura a la Presidencia de la República a cambio de otorgarle la correspondiente al DF a Marcelo Ebrard. La suerte de la unidad del partido por lo tanto residirá ahora en el coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México, Manuel Camacho, encargado en recibir las quejas de las corrientes de la izquierda con tal de asegurar la entrega de las herramientas de movilización a Mancera. Lo único certero es que habrá tensiones al por mayor.